El decano del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, Josep Benítez, se ha reunido con el portavoz de Sanidad del PSOE-PSPV, Rafael Simó. El propósito de este encuentro ha sido trasladarle la preocupación del ICOFCV respecto a las negativas consecuencias que la Ley de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunidad Valenciana podría tener para la salud de los ciudadanos, instando a la necesidad de reformar esta normativa.
Durante la reunión, el decano del ICOFCV ha explicado cómo la redacción del artículo 9 de la ley confía a los preparadores físicos el tratamiento mediante ejercicio de personas con patologías y lesiones, a pesar de no ser sanitarios y, por lo tanto, no estar capacitados para ello. Esto podría conllevar a un agravamiento de las patologías de los pacientes.
Además, el decano ha advertido que la nueva ley podría dejar sin acceso a la fisioterapia a personas vulnerables que necesitan tratamiento de manera urgente y vital. Un ejemplo concreto es el caso de Irene, una niña residente en Aldaia con parálisis cerebral severa que ha perdido sus sesiones de hidroterapia debido a la aplicación de la nueva ley. El Ayuntamiento de la localidad, en cumplimiento de la normativa, despidió al fisioterapeuta que proporcionaba el servicio en la piscina municipal y lo reemplazó por un preparador físico. Sin embargo, una vez este nuevo profesional conoció la situación de Irene, alegó que su caso requería la intervención de un fisioterapeuta y que él no estaba capacitado para atenderla adecuadamente, dejando a la niña sin el tratamiento necesario; una lamentable situación que el Colegio denunció nada más tener conocimiento de ella.
En respuesta, Rafael Simó ha expresado su acuerdo y ha reconocido la necesidad de revisar el mencionado artículo para evitar interpretaciones excesivas de la ley así y prevenir casos como el de Irene. En esta línea, el portavoz socialista de sanidad se ha comprometido a llevar el asunto a los líderes de su partido que participaron en la tramitación de la ley, con el objetivo de valorar cómo podría solucionarse.
